22 de diciembre de 1997
El 22 de diciembre de 1997 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras rezaban en una iglesia de la comunidad de Acteal, Chiapas. 16 eran menores de edad; 20 eran mujeres y nueve hombres. Siete de las mujeres estaban embarazadas. Los responsables directos de la masacre fueron grupos paramilitares opuestos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Según testigos, las mujeres, hombres, niños y pertenecientes al grupo comunitario de "Las Abejas", fueron todos masacrados por unos 90 paramilitares, aparentemente miembros del grupo Máscara Roja, los acontecimientos se dieron durante las siguientes siete horas, todo esto sucedía estando a 200 metros de un retén de la policía.
Unas 100 personas, en su mayoría indígenas, fueron detenidas y recluidas en una cárcel de Tuxtla Gutiérrez.
Entre los supuestos participantes había ocho ex oficiales de seguridad pública que fueron condenados a penas de un poco más de tres años de prisión y luego fueron puestos en libertad. De acuerdo con el obispo Samuel Ruiz fueron estos oficiales los que propiciaron la matanza de indígenas o que de alguna forma no evitaron que se conformaran los grupos armados.
Según datos extraoficiales se cree que en Chiapas, operaban más de diez grupos paramilitares, que combatían al EZLN. A algunos se les ha vinculado al Partido Revolucionario Institucional.
En el expediente que existen 83 personas presas por cargos de portación de armas de fuego, el expediente menciona que solamente hay tres armas que se usaron durante los hechos, además de que de ninguno de los consignados se obtuvo un dictamen positivo en la pericial de restos de pólvora.
La sentencia de 2007 condena a 18 personas por portación de armas de fuego.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana (SCJN) atrajo en julio de 2007 el juicio de amparo promovido por 12 indígenas presos por los crímenes cometidos contra los militantes de Las Abejas de la comunidad de Acteal.
Finalmente, el 12 de agosto del 2009, la mayoría de ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó y ordenó la liberación inmediata de alrededor de 20 indígenas que fueron culpados de la matanza de Acteal argumentando que la Procuraduría General de la República fabricó evidencia para inculpar a los detenidos, además de encontrar irregularidades en algunos procesos judiciales.
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